POLÉMICA EN CAPITAL: Las familias que quisieron ser desalojadas por la Municipalidad, aseguran que es «su propiedad»

Después de la noticia publicada por LA POLÍTICA SAN JUAN, en la que se informaba a los sanjuaninos lo que ocurría el pasado viernes 16 de julio en horas de la noche, cuando un grupo de inspectores municipales acompañados de efectivos policiales irrumpieron en las viviendas ubicadas en calle Las Heras entre Av. Cordoba y Av. José Ignacio de la Rosa, justo frente al Teatro del Bicentenario, en lo que ahora sería uno de los terrenos mas codiciados por la comuna que conduce el Intendente Emilio Baistrocchim, habló el abogado de las familias y aseguró que los vecinos van a dar pelea y no van a dejar ser desterrados de sus terrenos.

Dante Robles Roca, el abogado que se hizo presente la misma noche en que se estaba llevando el presunto mandato judicial, aseguró que posee documentos provenientes tanto de la nación como otros realizados en San Juan, donde se asegura la posesión del lugar a las casi 20 familias que allí habitan, y quienes son descendientes de los empleados del ferrocarril.

«Desde el municipio se tomaron la atribución de querer apropiarse de lo que nunca fue suyo» aseguró Robles Roca, en clara alusión a los terreno situados entre Av. Ignacio de la Roza, Las Heras, Av. Córdoba y Suipacha.

«Nosotros tenemos un decreto provincial y otro nacional que respalda a ésta gente, que hoy y hasta el ultimo minuto va a resistir de irse» aseguró el letrado, mientras que según informó un medio local, desde la otra parte – Municipalidad de la Capital – aseveran que hay una resolución de la Dirección de Catastro que contradice ambos dictámenes. Algo que sería por llamarlo de alguna forma insólito, ya que la decisión de una repartición provincial, no puede tener mayor peso que la propia firma de un gobernador e incluso de un presidente.

El abogado defensor de los llamados – en la noche del desalojo – «usurpadores», manifestó que a pesar de los derechos que adquirieron con el correr de los años por la posesión, quisieron desalojarlos igual, y que hasta el dia de la fecha se desconoce si existe algún proceso judicial o una orden judicial que ordene a las familias marcharse de ahí.

Decreto provincial que avalaría la posesión de las familias

 

«Yo estaba ese día y nadie me mostró un papel con la orden judicial. Decían que eran de un juzgado de Faltas municipal, pero nunca dijeron de cuál. Entiendo que no hay ningún proceso judicial en curso o, de lo contrario, habrían recibido alguna notificación. Como no la hubo, entiendo que no hay un juez detrás de ello», sostuvo el letrado. 

En ese marco, resumió la situación de las familias con una analogía: «Esto es como si fuera una sucesión. Si el estado nacional dice que los terrenos van a pasar a manos de los ocupantes, hay que hacer el trámite formal para ello. Las familias serían las herederas de la propiedad porque al vínculo lo han tenido con el estado, que fue el que les dijo que ese terreno sería de ellos, y no porque no hayan escriturado, pierden los derechos».

Sobre lo que podría pasar, Robles Roca indicó que las familias iniciarán el proceso de posesión veinteañal (algunas ya lo comenzaron) en la Justicia Federal por ser un terreno que pertenecía a la Nación. Lo que buscarán es que a través de la sentencia de un juez, se puedan escriturar los inmuebles.

Como consecuencia, al municipio capitalino le quedaría la posibilidad -si es que todavía pretendiera obtener la manzana ubicada en una zona top para su explotación- de expropiar los terrenos o bien comprar los derechos posesorios de las familias. «En el Centro Judicial de Mediación deberían sentarse a negociar y llegar a un acuerdo que los beneficie a todos», agregó.

Cronología de posesión, según los ocupantes

Originalmente, Robles Roca señaló que el terreno en disputa pertenecía a los ferrocarriles ingleses y que en el Registro de la Propiedad de San Juan aparecía bajo el nombre de Alfredo Wilkinson. Más tarde, en 1945/46, con Juan Domingo Perón en la presidencia, tanto el terreno en disputa como los demás radicados en el territorio local fueron comprados y pasaron a ser propiedad del estado nacional argentino.

En 1983, con Raúl Alfonsín como presidente, Ferrocarriles Argentinos celebró un acuerdo con la provincia de San Juan y en él estableció que todos los terrenos vinculados a la traza de las vías y las adyacencias serían proyectos urbanísticos y algunos serían cedidos al estado provincial y otros no. Esto fue aprobado por una ley provincial y, en el punto 226 del acuerdo, indica que iba a ser transferido a la provincia al terreno en disputa.

Cuando Carlos Saúl Menem privatiza los ferrocarriles, surge la empresa Buenos Aires al Pacífico, a la cual el estado nacional le da la concesión de los trenes y los ramales de estación.

En 1992 sanciona la ley 24.146, que establece que el Poder ejecutivo deberá transferir a título gratuito en favor de las provincias, municipios y comunas los bienes inmuebles y aquellos que estuvieran destinados a viviendas del personal (empleados) y que estuvieran ocupados por familias de escasos recursos podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y una tasa de interés preferencial. 

«Esta ley (24.146) reglamenta -por el decreto 776- todo lo que tenían que hacer las partes, tanto ocupantes como municipios y demás interesados, para la transferencia definitiva y termina indicando que se tenía que hacer por escritura, algo que así lo hizo el municipio de Rivadavia», detalló el abogado.

Escritura que realizó el municipio de Rivadavia de uno de los terrenos de los ferrocarriles transferidos 

 

En el 2000, el decreto 754 que emitió Fernando de la Rúa, en base de la Ley 24.146, dispone que se transfiera a la municipalidad de Rawson, de Capital y de Rivadavia los ramales (las vías) y los cuadros de estación (donde terminan las vías). Comete un error el decreto porque no incluye al departamento del oeste, pero que luego es ratificado por un decreto posterior del 2001.

Hay un croquis donde indica qué es lo que se está transfiriendo a los municipios. Sin embargo, el terreno en disputa y que reclama Capital, no aparece. 

En este croquis, las líneas ferroviarias de San Juan son las que serían transferidas al estado provincial. El punto rojo, fuera del área determinada, está el terreno en disputa

Convenios provinciales que avalarían la posesión  

Con Jorge Escobar como gobernador de San Juan, en 1997, las autoridades del Ferrocarril se reúnen con el entonces mandatario y, en base al convenio marco celebrado en 1983, celebran un convenio adicional en el que acuerdan evaluar los terrenos de la provincia que todavía no se habían transferido.

En 1999, se dicta un decreto relevante para el caso que despierta la polémica, pues ordenaría que el terreno en disputa sea transferido a los ocupantes. «Desaféctese los terrenos y viviendas vinculados al punto 226, a los efectos que el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) proceda a transferir los mismos a sus actuales ocupantes», sostiene el decreto.   

Ese mismo año, la municipalidad saca una ordenanza que, en el marco de la Ley 24.446, transferirán los bienes inmuebles afectados a los ferrocarriles para destinar nuevos espacios verdes y para crear nuevas arterias.

En 2002, el Concejo Deliberante de la Capital acepta la transferencia de los inmuebles situados en los ramales y cuadros de estación para proceder con la escrituración. «Esta ordenanza es clave porque reconoce los decretos anteriores que avalan la posesión», expresó y añadió: «Está claro que hablan de las vías y los cuadros de estación nada más, tal como lo señala el croquis».

En 2010, la intendencia de Capital le pide a la Dirección de Catastro -en base a un plano que hicieron los ingenieros agrimensores del municipio- solicita que ese terreno sea transferido a la municipalidad y la repartición emite una resolución que dispone la inscripción al dominio público de la propiedad en disputa. «Sin embargo, los decretos dicen que los terrenos se deben escriturar. Además contradice el decreto de Escobar», agregó.