12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Hasta el año 2010, esta fecha se denominaba “Día de la Raza”, aludiendo a la llegada de Colón y la corona española al territorio continental. A partir de 2010, nuestro país decide cambiar el nombre anterior por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significado que respete y sea coherente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), es un organismo creado para promover y proteger los derechos de los pueblos originarios a través de las políticas que se establecen, planifican y definen con la participación de los mismos pueblos y comunidades. Por medio de la ley 23.302 (1985), se crea este Instituto y se declara “de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.”.

Más tarde, la Constitución Nacional (en su reforma del año 1994) -en el artículo 75, inc.17-, dejó establecida una serie de derechos que se suman a los consagrados en los instrumentos de rango internacional. Hoy en día, son los que dan lugar a cientos de reconocimientos territoriales enmarcados en la ley 26.160 y sus prórrogas, que desde 2006, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, e impide los desalojos.

Actualmente, el INAI integra y trabaja en forma protagónica con mesas interministeriales para abordar las distintas problemáticas en forma interseccional, con la premisa básica de propiciar y fortalecer las articulaciones entre los distintos organismos a fin de concretar las acciones pautadas. Como así también desarrolla y coordina las políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación intercultural, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales.